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La misión señala que " En el transcurso del operativo
policiaco de desalojo y sus secuelas se vulneraron diversos derechos
humanos de la población indígena y civil. La fiscalía no ha investigado
concienzudamente los homicidios y las lesiones graves producidos a
civiles nativos y no nativos. Se advierte un intento de ocultamiento de
los hechos que no debe conducir a la impunidad de quienes han sido
responsables de ellos."
COMUNICADO DE PRENSA
Misión de la Federación Internacional de los Derechos
Humanos al Perú en torno al conflicto en Bagua
Los días 16 a 19 de junio la Federación Internacional de Derechos
Humanos organizó una visita de observación en Perú, con el apoyo y la
colaboración de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y
el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), organizaciones miembros
de la FIDH en el Perú.
Los integrantes de esta misión fueron la hermana Elsie Monge, directora
ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU),
organización miembro de la FIDH en Ecuador y Rodolfo Stavenhagen,
miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos y ex relator especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.
La misión tenía por objetivo
- obtener información sobre los sucesos violentos que ocurrieron en el
departamento de Amazonas los días 5 y 6 de junio de 2009, que dejaron el
lamentable saldo de numerosos muertos, heridos y desaparecidos entre los
miembros de comunidades nativas, civiles no indígenas y también miembros
de la policía;
- determinar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que
tuvieron lugar en el marco de estos acontecimientos, y
- conocer la responsabilidad de los diferentes actores que intervinieron
en el conflicto.
Durante esta breve misión tuvimos la oportunidad de conversar con
diferentes autoridades del Gobierno, entre ellos con el Primer Ministro
Yehude Simon, con organizaciones de defensa de los derechos humanos,
agentes pastorales en la región, organizaciones indígenas tales como la
AIDESEP, y miembros de las comunidades nativas awajún de la Amazonía.
Visitamos la zona de Bagua Grande, Bagua y Jaen, y realizamos
entrevistas en la ciudad de Lima.
Según testimonios recibidos, el operativo de desalojo de las personas
que estaban realizando desde hacía casi dos meses un bloqueo pacífico de
la carretera Fernando Belaúnde en el lugar conocido como “Curva del
Diablo”, se inició en la madrugada del 5 de junio sin previo aviso.
Según los testimonios, la policía comenzó disparando contra las personas
que se acercaban para dialogar, causando varias muertes y heridos. Ello
produjo una respuesta de parte de las personas reunidas en la carretera
y en la refriega también fallecieron ocho policías. La mayoría de las
personas reunidas salieron huyendo del lugar. Cuando menos dos
helicópteros de la policía sobrevolaron el lugar disparando proyectiles
de gases lacrimógenos con el objeto de dispersar a la población, y
algunos testigos reportan que también hubo disparos de bala desde estos
aparatos.
De acuerdo con los testimonios recabados, el lugar de los hechos fue
cercado por la policía durante cinco días, sin que la población se
pudiera acercar. En esas circunstancias se reportan numerosos
desaparecidos que no han sido identificados ni localizados. Los
representantes del ministerio público y de la Defensoría del Pueblo sólo
llegaron al lugar de los hechos horas después del comienzo de la
balacera. La imposición del estado de emergencia y el toque de queda
dificultó considerablemente la búsqueda de cadáveres y personas
desaparecidas. La población de la zona, así como los indígenas sostienen
que esos días fueron empleados para eliminar vestigios de las muertes
ocurridas y que un número indeterminado de cadáveres desapareció.
Horas después se extendió la violencia a las ciudades de Bagua y Bagua
Grande, en donde fueron muertos y heridos de bala numerosas personas por
la policía. Se reporta la acción de francotiradores que se apostaban en
las azoteas de las casas.
Hasta la fecha el gobierno no ha hecho público un informe completo y
coherente de los eventos, pero diversas autoridades han señalado los
“errores” que se habrían producido en el operativo. Las informaciones
sobre los muertos, heridos y desaparecidos son incompletas y
contradictorias. La Defensoría del Pueblo ha proporcionado cifras
preliminares que deberán ser completadas a raíz de las investigaciones
en curso.
Por su parte, los testimonios recabados por la misión indican
estimaciones de muertos y desaparecidos superiores a las cifras
oficiales, pero hasta la fecha no han sido documentadas con evidencia
dura. Esto se refiere a reportes sobre quema de cadáveres, fosas comunes
y cuerpos echados al río, denuncias que no han sido comprobadas, así
como testimonios sobre heridos que habrían sido ultimados por la Policía
Nacional y la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales).
Originalmente el número de detenidos en el operativo fue de 133, de los
cuales 18 permanecen en prisión. A la fecha hay 61 procesados por hechos
delictivos.
Se informa de problemas de indefensión que tuvieron los detenidos
indígenas, desde la ausencia de intérpretes hasta la imposibilidad de
contar con un abogado de su elección. Recién cinco días después de
producido el enfrentamiento de la Curva del Diablo, los abogados fueron
autorizados a ver a los detenidos. Durante estos días, los indígenas
detenidos fueron objeto de diversas formas de maltrato físico y
psicológico.
El conflicto tuvo otro desenlace trágico en el asesinato de diez
policías por parte de nativos reunidos en la Estación de Petróleo # 6 a
cierta de distancia de Bagua. A la fecha hay 8 personas procesadas por
estos homicidios.
El origen de este conflicto se da meses antes en la protesta de los
pueblos indígenas de la región amazónica en contra de varios decretos
legislativos vinculados al proceso de desarrollo económico de aquella
zona, que fueron adoptados por el Congreso de la República sin el
consentimiento, la participación o la consulta a la población local.
Cuando se produjeron los hechos violentos reportados, aún estaban
dialogando los indígenas con las autoridades, por lo que resulta aún más
sorprendente la acción intempestiva de la Policía Nacional contra los
indígenas que bloqueaban la carretera.
Conclusión
Los miembros de la misión de observación expresamos nuestra preocupación
por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tanto
en la Curva del Diablo como en Bagua y Bagua Grande, que generó un
número aún indeterminado de muertos, y al menos 150 heridos de bala
entre los civiles, tanto indígenas como habitantes de dichas ciudades.
Señalamos nuestra preocupación por los obstáculos que fueron presentados
para la atención legal, la ayuda humanitaria y la salud de las personas
detenidas o quienes buscaban retornar a sus comunidades.
Nos preocupan los testimonios sobre prácticas de tortura hacia los
detenidos awajún por parte de efectivos de la DINOES y la de la Policía
Nacional local. Esta preocupación se mantiene por el traslado súbito de
los presos indígenas a la cárcel de Huancas, en las afueras de
Chachapoyas, una localidad muy alejada de la zona awajún, en la práctica
casi incomunicada, lo cual hace mucho más difícil el contacto de los
detenidos con sus familiares y con los abogados. También nos preocupa,
en lo particular, la situación del dirigente awajún Santiago Manuim
Valera, quien recibió varios disparos de bala en el abdomen el día 5 de
junio, pese a lo cual el Poder Judicial ha emitido una orden de
detención en su contra, acusándolo de diversos delitos como instigación
al homicidio.
En el transcurso del operativo policiaco de desalojo y sus secuelas se
vulneraron diversos derechos humanos de la población indígena y civil.
La fiscalía no ha investigado concienzudamente los homicidios y las
lesiones graves producidos a civiles nativos y no nativos. Se advierte
un intento de ocultamiento de los hechos que no debe conducir a la
impunidad de quienes han sido responsables de ellos.
Muy preocupante es para nosotros la evidencia de hostigamiento,
denuncias y acusaciones contra líderes de organizaciones sociales e
indígenas, así como la denuncia contra Radio La Voz y otros medios de
comunicación independientes. En este escenario hemos tomado conocimiento
del asilo forzado del presidente de AIDESEP y el procesamiento penal de
integrantes de esta asociación.
Dos de los decretos impugnados fueron derogados por el Congreso el día
19 de junio, por lo que fue removida una parte de las causas principales
del conflicto. Si esta acción se hubiera dado a tiempo, se habría podido
evitar la tragedia de Bagua.
Consideramos que se abren posibilidades para un diálogo nacional sobre
las cuestiones del desarrollo de la cuenca amazónica, con la plena
participación de los pueblos indígenas.
Nos alienta la intención del Congreso de la República y del Poder
Ejecutivo de establecer sendas comisiones de investigación sobre los
eventos de Bagua. Estas investigaciones deben no solamente esclarecer
los hechos sino también establecer responsabilidades. Deben estar
integradas por personas totalmente independientes y de comprobada
seriedad y honorabilidad no vinculadas a intereses políticos
particulares.
Se preparará un informe completo de la Misión que será entregado al
Gobierno del Perú.
Agradecemos las atenciones que hemos recibido para el buen desempeño de
nuestra tarea de las autoridades del gobierno, de las organizaciones
civiles y de las comunidades indígenas de la región. |
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