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No obstante, creemos que hay posibilidades de
encontrar síntesis equilibradas, prudentes, razonables. La minería es una
actividad económica que no despierta simpatías y entusiasmo como las
agropecuarias, forestales o ciertas industrias. Pero sin duda los productos de
la minería son absolutamente indispensables para la inmensa mayoría, en
agricultura, ganadería, industrias y servicios, incluidos los del formidable
desarrollo de las comunicaciones y la informática.
Por lo tanto un país que quiera tener un desarrollo económico moderno necesita
abundantes productos mineros. Si tiene cómo producirlo en su territorio
seguramente lo hará, de lo contrario deberá producir otros bienes que le
permitan importar los productos mineros de donde los produzcan.
La Argentina, y Mendoza en especial, tiene un importante potencial minero de
cobre, oro, potasio, aluminio, etróleo, gas. Algunos de ellos, como estos
últimos, han sido explotados intensamente; en otros casos no ocurrido lo mismo.
Cuando se trata estos temas aparecen las posiciones extremadas que hemos
mencionado: “toda minería es mala, contaminante, destructiva del ambiente.
Conclusión, nada de minería”. Puestos en este punto, no hay minería posible.
Algunos ejemplos de lo que decimos es lo que ocurre con el uranio de Sierra
Pintada, el petróleo de Yancanelo, el potasio de Malargüe.
En el otro extremo están quienes sostienen que la tecnología permite remediar y
controlar cualquier problema que afecte al medio, por lo tanto se puede hacer
minería en cualquier sitio.
Es evidente que debemos encontrar una alternativa a las posiciones extremas para
no desperdiciar importantes posibilidades económicas. El hilo conductor debería
ser el privilegiar en todos los casos el agua. De este modo se podrá hacer
minería cuando se compruebe fehacientemente que no habrá contaminación de las
aguas, que no se destruyan glaciares (visibles o no) y especialmente que el uso
consuntivo no ponga en riesgo la cantidad necesaria para el consumo humano.
En tal sentido, las técnicas de evaluación social de proyectos permiten alcanzar
resultados claros en materia de relación costo beneficio social.
Por lo tanto el desarrollo de una minería racional demanda el tratamiento caso
por caso, yacimiento por yacimiento. Para ello es indispensable contar con
equipos profesionales idóneos técnica y éticamente, métodos y normas claras y
precisas.
En el tema minero es también necesario revisar, a la luz de la experiencia de
casi dos décadas de sancionada, la legislación vigente. Esa legislación
estableció condiciones que permitieron que apareciera la gran inversión minera
en el país, ausente hasta entonces con excepción del petróleo.
Se trata de revisar tanto los incentivos fiscales como el siempre polémico
problema de las regalías que perciben las provincias y la Nación. Las fuertes
oscilaciones de los precios internacionales de productos como el cobre y el oro
aconsejan que debiera haber algún tipo de progresividad en los porcentajes
cuando los precios alcanzan niveles muy altos.
En otras palabras, si hay rentas extraordinarias para el inversor, el Estado
debería tener alguna participación en ellas.
Finalmente, en este asunto de la minería, en cada proyecto debería contemplarse
la posibilidad de “desarrollo hacia delante” que crea el producto obtenido, es
decir qué se puede hacer en el país con el mineral obtenido.
Retomando el tema del agua, hay dos cuestiones de gran importancia que deberían
abordarse.
Uno, la necesidad de que Mendoza encare un programa factible, pero ambicioso, de
desarrollo de emprendimientos hidroeléctricos. Desde hace mas de cuarenta años
hay estudios avanzados de aprovechamiento de la cuenca superior de los ríos
Mendoza y Tunuyán.
La escasez y el encarecimiento de la energía eléctrica están a la vista, es
necesario revisar la factibilidad económica de estos proyectos, dado que los
avances tecnológicos facilitan su construcción y aprovechamiento.
Por otra parte no hace falta recordar el gran impacto positivo que los diques y
embalses implican para el desarrollo del turismo y la calidad de vida de los
habitantes de la provincia.
Por último, también surge que es conveniente y necesario revisar la organización
institucional de la administración del agua. Más de cien años de historia de la
primera Ley de Aguas y la existencia de destacados especialistas en estos temas,
permitirían alcanzar diseños institucionales que optimicen el uso del recurso
escaso. |
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